Los colegios en la dictadura del 76
Los 70: colegios, textos escolares y una Biblia, en la mira de la dictadura militar
El allanamiento al colegio San Miguel y las presiones sobre religiosos y religiosas, docentes y editoriales católicas marcaron un clima de tensión antes y después del golpe de 1976
Allanamientos en colegios privados, detención de religiosos y profesores, separación arbitraria de docentes que debían dejar sus clases y reparos a la circulación de la Biblia Latinoamericana y otros textos, como un libro de catequesis para sexto grado, marcaron un clima de tensión entre la dictadura militar y sectores de la Iglesia dedicados al área de la educación, en el contexto de la violencia de los años 70.
Uno de los operativos de mayor impacto fue el allanamiento al colegio San Miguel, con gran despliegue de efectivos del Ejército, en la sede de Larrea y Beruti, al lado de la parroquia del Santísimo Redentor, en el barrio de Recoleta. Fue el 29 de noviembre de 1976, a partir de la denuncia de un grupo de padres de alumnos, que integraban la Unión de Padres de Familias y acusaban a los docentes de impartir “doctrinas disociadoras de izquierda”.
Varios de esos casos están narrados en “La verdad los hará libres”, la obra en dos tomos publicada este año por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Episcopado para investigar el papel de la Iglesia Católica en la espiral de violencia que envolvía al país.
En el allanamiento al colegio San Miguel fueron detenidos el párroco Andrés Bacqué, de la comunidad de los padres lourdistas e impulsor en ese tiempo de trabajos comunitarios en villas, y los sacerdotes Ignacio Racedo Aragón, superior de la orden religiosa, Daniel Haldkin, y Bernardo Canal Feijóo, que animaban al compromiso social en la institución educativa. El colegio pertenecía a los Misioneros de la Inmaculada Concepción de Lourdes y décadas más tarde pasó a manos del Arzobispado de Buenos Aires.
El operativo, con el apoyo de la Infantería de Marina y agentes de la Policía Federal, se extendió por más de cinco horas, desde las 7 de la mañana, antes del ingreso de los alumnos, y se bloqueó el tránsito en varias cuadras a la redonda. Algunos de los sacerdotes permanecieron detenidos casi un mes y el padre Canal Feijóo fue obligado a salir del país y el procedimiento motivó un reclamo enérgico de la Conferencia Episcopal Argentina, que conducía el cardenal Raúl Primatesta.
Tensión social
En ese tiempo varias comunidades religiosas asumían los cambios del Concilio Vaticano II, en un clima de efervescencia eclesial surgida de los documentos de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín y la Declaración de San Miguel del Episcopado argentino, que fijaron la opción preferencial por los pobres. En ese contexto, varias congregaciones se instalaron en áreas rurales del interior y barrios marginales, lo que encontraba resistencias en sectores acomodados de la Iglesia.
En la investigación “La verdad los hará libres” se indica expresamente que “algunas actividades y métodos pedagógicos de las instituciones llevadas adelante por religiosos y religiosas fueron miradas por la dictadura militar con recelo, por considerarlas semilleros de subversivos”.
El escenario de desconfianza, que generaba preocupación en familias de colegios privados, no se limitaba a la ciudad de Buenos Aires. En noviembre de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, efectivos del Ejército allanaron la Escuela Mamá Margarita de El Malleo, en Neuquén, y detuvieron a dos maestras, a una celadora y al sacerdote salesiano Antonio Mateos, todos liberados a los pocos días. Se produjo entonces un fuerte entredicho entre el obispo local, Jaime de Nevares, y el general Juan Antonio Buasso.
En el colegio Sagrado Corazón, del distrito bonaerense de Coronel Pringles, la religiosa Clara Yáñez desarrollaba un método pedagógico conocido como “educación liberadora”, que en septiembre de 1976 fue objetado por el Ministerio de Educación bonaerense, por considerar que tenía “elementos marxistas” y constituía “un peligro que debía ser erradicado”. La hermana Clara fue trasladada al colegio Sagrada Familia de la localidad de Caseros, en Daireaux.
Textos escolares
Las presiones y amenazas llegaron a algunas editoriales educativas, con censuras y cierres.
Por el decreto 2374/76, el gobierno nacional clausuró las editoriales Claretiana y Paulinas, a las que acusó de “realizar una actividad de difusión ideológica destinada a producir la disgregación social”. El motivo fue la publicación de Opulencia y miseria, distribuido por ambas editoriales y la queja llegó al nuncio apostólico, Pio Laghi, a través de las Conferencias Argentinas de Religiosas y Religiosos. Transmitieron, así, si “creciente preocupación por los hechos que comienzan a verificarse en el campo educativo” y denunciaron casos de religiosas y docentes declaradas “prescindibles y separadas arbitrariamente de sus cargos”.
También la editorial Guadalupe, de la Congregación Misioneros del Verbo Divino, sufrió la censura de textos religiosos, como el libro de catequesis Dios es fiel, para chicos de sexto grado, de la hermana Beatriz Casiello, objetado por el área de Inteligencia por incluir consignas subversivas. Entre otros pasajes, señalaba que “con un 15% de lo que se gasta en armas, desaparecería el hambre en el mundo” y exhortaba a escribir cartas a “los líderes de los pueblos ricos que gastan dinero en armas, para que se acuerden de sus hermanos”, revela el libro editado ahora por el Episcopado.
Otro caso emblemático fue la Biblia Latinoamericana, editada y publicada en Chile en 1972, con el aval del arzobispo de Concepción, monseñor Manuel Sánchez, de amplia circulación en la región. Los derechos pertenecían a la Congregación del Verbo Divino y el libro fue distribuido en la Argentina a través de las editoriales Guadalupe y Paulinas.
La Biblia Latinoamericana, que se edita hoy en varios países, apunta a “salir de una Iglesia clerical”. Está considerada una “traducción popular, fiel a los textos tradicionales, con comentarios, notas al pie e imágenes destinadas a ofrecer una versión accesible y cercana a los problemas políticos y sociales, como la pobreza y otras demandas. La controversia llevó al Episcopado a tratar el tema y en octubre de 1976 los obispos emitieron un dictamen en el que avalan la fidelidad del texto, aunque recomiendan añadir aclaraciones en los comentarios para evitar interpretaciones erróneas.
Fuente: La Nación