Nada detiene a la nueva marcha de los jubilados
A pesar de la represión de la semana pasada, las organizaciones de jubilados retoman la protesta. Los acompañan gremios, organismos de derechos humanos y estudiantes.
Al gobierno de Javier Milei no pareciera interesarle la convivencia pacífica y, mucho menos, resolver en este caso específico el reclamo de los jubilados. Como ocurrió la semana pasada, lejos de buscar una respuesta para los adultos mayores, en la Rosada solo piensan en preparar el operativo de seguridad que se aplicará este miércoles para impedir la movilización. Ni siquiera parece que la decisión del juez federal Martín Cormick de estar presente en la zona para monitorear la marcha y el operativo de seguridad, tranquiliza los belicosos ánimos de la ministra Patricia Bullrich. Mucho menos parecen tener efecto los habeas corpus preventivos que se presentaron para evitar que se repita la feroz represión de hace una semana. Mientras tanto, se colocaron inhibidores de drones, tal como lo denunció el exdiputado Jorge Rivas, como si el gobierno quisiera evitar que haya imágenes no controladas que registren posibles golpizas. A pesar de todo, la movilización no se detiene y está convocada para las 17. Las organizaciones de jubilados quieren levantar un palco para dar cuenta de sus reclamos. “Estamos siendo el catalizador de una reacción más amplia, porque esta angustia que sentimos está en toda la población. Es muy difícil soportar este ajuste desmedido”, aseguró Adela, del Encuentro de Jubilados y Asambleas, durante la conferencia de prensa de las organizaciones de adultos mayores que convocan a la protesta (ver aparte).
Los golpes, los gases y las heridas provocadas por la represión de la semana pasada no surtieron el efecto esperado. Cada vez más organizaciones y gente suelta dejan mensajes en las redes sobre su participación en la movilización prevista para esta tarde. Entre las que volverán a ser parte de la marcha estará Beatriz Blanco, la mujer de 81 años golpeada brutalmente por un policía y acusada por Bullrich de ser en realidad la que provocó al efectivo al golpearlo con su bastón. «Es mentira lo que dijo Bullrich de que le pegué diez palazos, yo ni lo toqué al policía”, dijo a Página/12 el domingo pasado. En esa oportunidad prometió estar presente este miércoles. Es más, afirmó que «para Bullrich, que dice que soy una patotera, le estamos preparando una bandera para el próximo miércoles que diga: las patoteras».
También será posible ver a Ana Martínez, la joven de 22 años que un efectivo de la Gendarmería le disparó a quemarropa y unos perdigones de goma le lastimaron el labio superior. Martínez le dijo a este diario que volverá a participar este miércoles «porque defiendo los derechos de los jubilados».
Jueces, recursos y drones
La posibilidad cierta de que el gobierno reprima llevó a que se realizaran una serie de presentaciones. Una de ellas la impulsó el CELS que presentó un recurso de amparo contra el protocolo antipiquetes. Si bien el juez federal Martín Cormick rechazó la cautelar solicitada, avisó que junto a sus colaboradores estará presente en la zona del Congreso para «observar presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa»… a resolver el pedido de inconstitucionalidad del protocolo.
En tanto, el diputado de UxP, Juan Marino, prefirió presentar un habeas corpus preventivo ante el Juzgado Criminal y Correccional Nº8. En el escrito solicita que se ordene a las fuerzas de seguridad que «no utilicen la pistola lanzagases con la que hirieron de gravedad al fotorreportero Pablo Grillo». Marino también reclamó que «ningún efectivo de las fuerzas de seguridad actuante porte tales armas durante la manifestación» y también exige que «no se realicen detenciones arbitrarias, sin fundamento o excediendo las facultades legales». Hasta anoche, Marino no había recibido respuesta a su solicitud.
Después del ataque al fotógrafo Grillo, se buscó identificar a los responsables del disparo de ese gas lacrimógeno que dejó al joven internado y en grave riesgo. Para la identificación de los posibles responsables se utilizaron imágenes captadas por drones. Luego de eso el gobierno decidió prohibir el uso de estos instrumentos. Lo hizo a través de una resolución que publicó en el Boletín Oficial y, según denuncias, ya se colocaron en los alrededores del Congreso.
Ante ello, el exdiputado socialista, Jorge Rivas, presentó una medida de no innovar para suspender esta prohibición del uso de drones: «Esto constituye una restricción indebida al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa», dice el escrito de Rivas.
El área de exclusión
El gobierno porteño se plegó al operativo al anunciar que habrá un área de exclusión para el tránsito desde las 9 de la mañana. Según informaron todo estará cortado entre la calle Paraná y su continuación, Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho y su continuación Sarandí, y Adolfo Alsina. Eso sí, aportará al operativo unos 900 policías porteños. En este último tiempo, la Policía de la Ciudad compite en agresividad con sus primos de las fuerzas de seguridad nacional.
El gobierno prevé una movilización mayor a la del miércoles pasado. Por caso, a los 900 policías porteños le sumará 720 policías federales y unos 400 más entre gendarmes y prefectos. Todo indica que el vallado que colocarán no solo evitará el paso de vehículos sino que tampoco permitirían el paso de peatones.
El ánimo represivo en Bullrich no solo se expresó con la reunión que mantuvo en la Rosada con la conducción de la SIDE, en una flagrante violación de la ley de Inteligencia, sino que presentó ante la justicia un pedido de detención de 29 personas que, según ella, fueron responsables de los «disturbios» de la semana pasada.
«Tenemos pruebas y las presentamos. Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barrabravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas», bramó Bullrich a través de su cuenta de la red social X. Incluso sumó un video con los rostros de los supuestos barrabravas a los que quiere excluir de los partidos de fútbol.
Más allá de toda esta parafernalia amenazante del gobierno libertario, lo cierto es que los jubilados estarán en la calle reclamando por sus haberes, por la devolución de los medicamentos que le quitaron y la prórroga a la moratoria jubilatoria que llega pronto a su fin. Con ellos estarán sindicatos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, estudiantes y asambleas barriales.