Parajes e internet
Viven en parajes rurales y para acceder a internet crearon redes comunitarias. Según el último informe realizado por INTA y Enacom, el 40,2% de 311 parajes rurales de 21 provincias argentinas no dispone de conectividad. El derecho de acceso a Internet es reconocido por Naciones Unidas como fundamental.
POR ORNELLA RAPALLIN
Habitantes de zonas rurales de Córdoba y Salta trabajan en redes comunitarias para disponer de internet, un derecho «vulnerado» por el mercado en las «zonas digitalmente excluidas», y al que necesitan acceder para alcanzar derechos básicos como la comunicación, la información, la salud, la educación, la cultura y el ejercicio de la ciudadanía digital.
El 40,2% de 311 parajes rurales de 21 provincias argentinas no dispone de conectividad, según el último informe realizado en 2021 por INTA y Enacom.
Entre los cerros salteños
El valle Amblayo, situado a 150 kilómetros de la capital salteña, se encuentra a unos 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, rodeado por dos cerros en un clima semiárido.
Allí, está el paraje rural Río Salado, donde viven ocho familias. Entre ellas, la de Rodrigo Cuevas (38) que, organizadas con otras 400 personas de parajes cercanos, llevan adelante el Centro Vecinal La Junta desde hace ya 21 años y se dedican a la agricultura familiar, la cría de cabras para producción de quesos artesanales, de vacas para carne, cultivan maíz, papa, cebolla para el consumo y comercializan el excedente.
«Cursé la secundaria en Salta capital y después decidí volver al campo», comenzó contando Cuevas en diálogo con Télam.
«Al volver, propuse que todas las viviendas tengan energía eléctrica. Insistimos durante mucho tiempo y nos pusieron paneles solares y, después, las demandas fueron las comunicaciones», completó el joven desde su hogar, donde hace poco se habilitó un servicio 4G que «recién se está probando».
A pocos meses de iniciada la pandemia, en un contexto difícil, la red comunitaria para tener conectividad «surgió como una necesidad», describió, y, en menos de dos años, pudieron concretarla en conjunto con la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, que acompaña experiencias rurales e indígenas en procesos comunicacionales, y la asociación civil Altermundi, una ONG que comenzó hace diez años con el objetivo de achicar la brecha digital promoviendo el despliegue de redes comunitarias de internet en las zonas «donde las empresas no quieren invertir».
Estas redes libres y descentralizadas son construidas y autogestionadas por vecinos.
La organización desarrolló equipos, como el Libre Router, y aplicaciones para facilitar la construcción. Se trata de tecnología libre para que cualquier persona -sin conocimientos previos- pueda configurar, conectar, diagnosticar y ampliar su propia red.
A través de estos equipos conectan los techos las casas y con instituciones comunitarias creando un entramado similar a la forma de una telaraña donde cada Libre Router da y recibe conectividad.
En la actualidad, el servicio con el que cuentan en el paraje Río Salado es de tan solo 5 Megabytes (MB) de internet para todas las viviendas y proviene de la localidad de Cafayate, que, a 80 km del lugar, pasa la señal por varios nodos ubicados en cerros hasta llegar allí.
«Cada familia está abonando $1.200, al ser una sola empresa prestataria, es caro», agregó Cuevas, quien además de realizar tareas de agricultura, este año viajó a Colombia a finalizar una diplomatura como Promotor de Telecomunicaciones en comunidades indígenas -él pertenece al pueblo Diaguita Calchaquí-, que había comenzado en primera instancia de manera virtual en la pandemia, y lo convirtió en técnico referente del paraje. «Sin internet no la hubiera podido hacer la diplomatura», resaltó.
«Los costos varían según los acuerdos que hace cada comunidad, es bastante común que ronde los $500 (mensual), tiene que ver también con cómo logran interconectarse con internet», explicó el miembro fundador de la ong, Nicolás Echániz.
En el caso de la localidad cordobesa José de la Quintana, donde vive, firmaron un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba por el cual utilizan el ancho de banda ocioso que la institución paga pero no utiliza y se lo «regala» a las redes comunitarias.
Experiencia Quintana Libre
«Otras redes contratan ancho de banda mayoristas de los operadores estatales, y, en algunos casos, redes que recién están empezando comparten lo que haya», completó el fundador.
Los equipos que desarrolla la ONG para construir estas redes son de software libre y hardware de código abierto, es decir, que cualquier persona puede usarlo, estudiarlo, copiarlo, modificarlo y compartirlo libremente.
«Además, tiene una tecnología que se adapta para usarlo con batería, porque no contamos con electricidad de 220 v.», destacó Cuevas.
«Para nosotros fue todo un cambio tener internet porque hay mucha gente que migró y pudimos comunicarnos con ellos y hacer operativos con Anses para que las familias no tengan que viajar a la ciudad o los vecinos puedan jubilarse. No existe el transporte público, tenemos que coordinar con un vecino o hacer dedo en la ruta«, explicó.
«El ingreso de las comunicaciones hizo que vuelvan algunos jóvenes al campo a producir. A mí me gusta el campo y producir alimento, este es mi lugar», concluyó.
«LOS MONOPOLIOS ELIGEN PAGAR LAS MULTAS ANTES QUE DAR INTERNET EN ZONAS RURALES»
Fabricio y Limara integran distintas comunidades de zonas rurales de la provincia de Córdoba y transmitieron sus experiencias con el Libre Router que les provee wifi libre en sus viviendas.
Fabricio Puzio (41) vive hace diez años en Las Calles, una localidad con 800 habitantes del departamento de San Alberto en el Valle de Traslasierra con su compañera, que es agrónoma, y sus dos hijos.
«Tengo un gallinero de reproductores con 60 aves y producimos pollos de carne también», contó a Télam por teléfono, y agregó que integra Comunidad, Trabajo y Organización (CTO) Traslasierra, organización de la agricultura familiar que forma parte de la Unión de Trabajadores Rurales de Córdoba y a su vez de la rama agraria de la UTEP.
«Las redes comunitarias de internet surgen por una necesidad de conectividad previa a la pandemia, pero como organización rural no teníamos identificada a la conectividad como un derecho», dijo Puzio quien también coordina el programa de Educación digital del ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
«Fue (la ong) AlterMundi la que nos acercó la propuesta y nos dimos cuenta que había un derecho para todas las compañeras del campo, que no estaban accediendo a la conectividad por dos razones: que las empresas monopólicas de las comunicaciones a veces eligen pagar las multas antes que brindar los servicios en las zonas rurales, y que, como no hay oferta, las que hay, son prohibitivas desde lo que cuestan, el precio de instalación y mantenimiento».
En Las Calles mantienen un «acuerdo de palabra» con una empresa familiar local y obtuvieron 15 megas para 30 familias con Libre Router, que es «una tecnología muy accesible» -definió- y además ayudaron a conectarse a una comunidad de las altas cumbres que está a 15 kilómetros lineales, la del Río Los Sauces, donde tampoco había señal de teléfono ni internet.
Limara Ukmar (39) es docente de música, oriunda de Buenos Aires. Meses antes de iniciar la pandemia se mudó a una zona rural para «mejorar su calidad de vida» en un lugar cercano a la ruta 38, que recorre todo el Valle de Punilla, y se ubica a 8 kilómetros de la ciudad de Cosquín.
«Somos alrededor de 50 familias organizados de forma autogestiva, hay dos o tres casas por manzana y muchos peques, porque las familias acá hicieron esas apuestas de venir a criar a este territorio, donde somos todos foráneos y, en general, artesanos y constructores, construimos nuestras propias casas de adobe y hechas con reciclado, botellitas, madera en desuso».
«Cuando llegué existía «Montenet», una red madre que tenían solo cinco familias, yo mandaba un mensaje y daba tres vueltas a la casa, o caminaba hasta lo de una vecina a ver si con ese envión arrancaba y solo podía enviar SMS».
En estos últimos años, uno de los vecinos se contactó con Altermundi «para tejer redes de conocimientos y nos acompañó para lograr participar del financiamiento Enacom, que permitió la ampliación de nuestra red y mejorarla, porque acá lo climático te atraviesa para todo, si había viento no había internet, si llovía también se cortaba».
Cada familia paga en la actualidad 0 por mes por internet, con un plus por temas de mantenimiento que resuelven de manera autogestiva.
«Le huyo a la tecnología, pero aprendí a diagnosticar cosas simples, reiniciar o cepillar los nodos que están en la tierra en un tupper de plástico en el medio del monte, y a veces cuando lo sacamos vemos que se armó un hormiguero, y hay que sacar las hormigas», concluyó.
En Córdoba, buscando la conectividad
La comunidad de Lutti, una zona rural del departamento cordobés de Calamuchita, se encuentra en pleno proceso de conformación de su red comunitaria de acceso a internet de la mano de Altermundi y otras organizaciones vecinales.
«Hace unos meses nos empezamos a organizar para ver si podemos tener internet, asistimos a una primera reunión en Cerro Colorado, un paraje a unos 20 kilómetros; la segunda la hicimos acá, y cada vez se suma más gente. El entusiasmo es muy grande», relató por teléfono a Télam Silvia Noemí Gómez (57), docente de la escuela rural de Lutti.
La escuela es el único punto del lugar que cuenta con internet gracias al servicio de Arsat, lo que les mejoró «mucho» la práctica educativa, pero ninguno de los hogares cuenta con señal de wifi ni telefónica.
Silvia vive a cinco cuadras de la escuela junto a su pareja. «Si bien no tenemos luz, ni agua, y los caminos no están cuidados, no perdemos la esperanza. Es un adelanto muy importante», completó.
Las viviendas entre vecinos están a un kilómetro de distancia entre sí y también hay estudiantes que viven a más de 8 kilómetros. «Hay mucha distancia entre una casa y otra», explicó, y agregó que «en algún cerro alto» pueden captar internet, lo mismo con la señal de teléfono.
Para Gómez,»muchas cosas van a cambiar con internet», va a permitir acceder a cursos sin tener el costo económico de viajar, también los va a ayudar a comunicarse y a acceder a turnos médicos por sistema de telemedicina, porque el médico va «una vez por mes».
«Lo más lindo de vivir en el campo es la tranquilidad y la comunidad, aunque a veces hace frío y está alejado de todo. Pero internet nos va a acercar de alguna manera», concluyó.
Conectividad con La Poderosa
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PROYECTAN FABRICAR GRAN PARTE DEL LIBRE ROUTER EN LA ARGENTINA
La asociación civil AlterMundi anunció que proyecta actualizar la tecnología del Libre Router y «fabricar todo lo que se pueda en la Argentina», gracias a un financiamiento que obtuvo del programa Frida de Lacnic, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, dijo a Télam el miembro fundador de la ONG, Nicolás Echániz.
«La pandemia generó un desabastecimiento global de componentes de electrónica. La fábrica china que produce el Libre Router nos dijo ‘este modelo ya no lo puedo fabricar más porque ya no consigo los componentes ni los voy a poder volver a conseguir'», explicó el referente desde José de la Quintana, una localidad situada a 50 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Córdoba, donde vive y trabaja, y también implementan el Libre Router para acceder a internet.
En ese contexto, le ofrecieron a Frida patrocinar la «segunda instancia» llamada del Libre Router II y, con ese financiamiento, están terminando de renovar el equipo y «traer todo lo que se pueda la fabricación a la Argentina», adelantó.
El libre router es un dispositivo con múltiples radios y antenas que tiene diversos componentes en forma de placas. Entre ellas planificaron que solo unos pocos componentes electrónicos continuarán trayéndolos de China y el resto se fabrique en Altec, la empresa estatal de tecnología de la provincia de Río Negro, junto a Altermundi.
Desde La Quintana, gracias a otro fondo que obtuvieron del Programa de Nación Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial, planificaron «montar una fábrica» de gestión cooperativa de Libre Routers, donde se producirá «la parte no electrónica», es decir, las cajas de plástico, el armado de los cables, la fabricación de las antenas y el ensamblado final.
No obstante, el fundador señaló que «sería importante que el Estado tenga una política en relación a la tecnología nacional y abierta, de incentivos para la producción y prioridad dentro de sus propios planes de adquisiciones y en relación a programas de telecomunicaciones propios de incorporar este tipo de tecnologías».
En el país, la tecnología libre de esta ONG está trabajando con decenas de comunidades rurales en Córdoba, Salta, Neuquén, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Jujuy, entre otras provincias. En la actualidad, desplegaron un programa llamado Semillero de Redes Comunitarias para acercarlas y acompañarlas en su postulación al programa de financiamiento Roberto Arias, una iniciativa gestada desde las organizaciones comunitarias y aprobada en 2021 por el Enacom.
«Las comunidades y las organizaciones primero tienen que entender que hay un derecho vulnerado en la ausencia de conectividad en sus territorios, después que hay una posibilidad de que ellos mismos actúen para resolver y ejercer este derecho y que existe este Ente de las Comunicaciones que tiene fondos destinados a que ellos mismos resuelvan el problema de la conectividad», explicó el referente.
Cada comunidad puede solicitar así su licencia. En cuanto a los proveedores de internet, «en los pliegos del Enacom se le da prioridad a la interconexión con la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) de Arsat. Y lo que nosotros intentamos es que las comunidades logren llegar a la Refefo a los operadores estatales provinciales», concluyó.
Fuente: Télam