Anses: La agenda del nuevo presidente
Jubilaciones de la Anses: bonos, déficit, moratorias, créditos subsidiados y juicios, la agenda urgente de Milei
El mes próximo los haberes se reajustarán un 20,87% por el índice de movilidad y habrá un plus para algunos; el monto de los ingresos después de diciembre y la corrección de varias distorsiones son cuestiones por resolverse
LA NACION
En diciembre los jubilados de la Anses cobrarán sus haberes con un reajuste de 20,87%, que determinará el monto de los ingresos también de enero y febrero. El haber mínimo en los próximos tres meses será, concretamente, de $105.713 y el máximo, de $711.346. Esas cifras son en bruto, mientras que en términos netos los valores son de $102.542 y $671.837, respectivamente.
Solo para quienes tienen el ingreso mínimo (o una prestación inferior, como ocurre en el caso de muchas de las pensiones no contributivas) habrá en el último mes de 2023 -en el que se cobrará el aguinaldo- un refuerzo de $55.000. Para los primeros meses del próximo año la situación es incierta con respecto a si habrá o no un adicional, pese a que hasta ahora los pagos de bonos siempre se establecieron con vigencia trimestral. Diez días atrás, en plena campaña electoral, el ministro de Economía y entonces candidato a presidente, Sergio Massa, dijo que había previsto bonos para enero y febrero, pero que para “poder anunciarlos” iba a esperar a ver “si los argentinos nos dan la posibilidad de gobernar”.
Ese condicionamiento, con el cual convirtió el bolsillo de los jubilados en un juego electoral, dejó la cuestión en un escenario de incertidumbre. Si no se disponen refuerzos, en los primeros meses de 2024 muchos jubilados recibirán importes muy inferiores a los que están percibiendo este mes.
El de los bonos es, en todo caso, uno de los temas más urgentes que en materia previsional deberá resolver el presidente electo, Javier Milei, quien anunció que en la dirección ejecutiva de la Anses estará la excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo.
Más allá de los anuncios hechos por el Gobierno el 10 de noviembre, hasta ahora solo se publicó en el Boletín Oficial la resolución 216, firmada por la directora de la Anses, Fernanda Raverta, que oficializa que la suba de diciembre será de 20,87%. No hay nada establecido aún sobre los bonos.
El 20,87% no es, en rigor, el número que resulta de la fórmula de movilidad: la cuenta dio más (entre 28% y 29%), pero el Gobierno aplicó un tope, que los funcionarios previeron al redactar el texto de la ley aprobada por el Congreso a fines de 2020 y que está vigente desde 2021. Así, la movilidad de todo este año será de 110,9%, varias decenas de puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada. De esa situación resulta, claro, una fuerte pérdida de poder adquisitivo. El recorte de los haberes en términos reales ya trepó, solo entre enero y octubre, a niveles de hasta 26%, dependiendo de la situación del jubilado frente a los bonos.
Un sistema distorsionado
El contexto de altísima inflación y el desequilibrio fiscal le imprimen gravedad al desafío respecto de qué hacer con la política de refuerzos, que el Gobierno implementa de manera continua desde septiembre de 2022, a causa de la insuficiencia del mecanismo de movilidad para que se mantenga el poder adquisitivo de los ingresos.
Es una estrategia que, como no abarca a todos los jubilados, provoca inequidades y distorsiones, sobre todo en un contexto inflacionario, y, además, tiene entre sus puntos débiles la falta de previsibilidad. Hace varios meses que una parte creciente de los ingresos de los jubilados de menores ingresos depende de una decisión política periódica.
Por otra parte, también hay jubilados que tienen haberes brutos superiores al mínimo y que, en la práctica, reciben menos en sus bolsillos, porque siempre estuvieron excluidos de los bonos, o porque hasta agosto los cobraron, pero desde septiembre ya no (desde ese mes, los adicionales alcanzan a menos personas).
La definición sobre los refuerzos de los próximos meses y la corrección (o no) de las distorsiones del sistema son quizá las cuestiones más urgentes, pero no las únicas que se presentan como desafiantes en materia previsional.
Ajuste del gasto y déficit
Según un informe reciente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), entre enero y septiembre de este año hubo un déficit de 13,6% en el sistema de seguridad social, considerando los recursos que recibe la Anses provenientes de aportes y también de varios impuestos, incluso cuando hubo un ajuste a la baja del gasto, explicado por el retraso de la movilidad en relación a la inflación. Según la misma fuente, en el citado período el dinero asignado al pago de prestaciones fue, corregido por inflación, un 4,3% más bajo que el de igual lapso de 2022.
La contracara es el deterioro de los haberes, a la vez que otro factor que complica las cuentas presentes y futuras (porque no fue previsto un financiamiento especial) es la vigencia del plan de pagos de deuda previsional, la moratoria. Según la estadística oficial, en los primeros nueve meses de este año ocho de cada diez nuevas jubilaciones fueron para personas que, llegada la edad de retiro, no tenían cumplido el requisito de los 30 años de aportes que exige la ley.
Moratorias e informalidad laboral
Es un requisito, este último, que no fue revisado a lo largo de las dos décadas que ya tienen de vida los esquemas de moratoria. En definitiva, esos mecanismos implican la posibilidad de jubilarse por la excepción y no por la regla, que cada vez menos personas logran cumplir. La mitad de los trabajadores del país (considerando asalariados y cuentapropistas) está en la informalidad, según datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.
Las moratorias surgieron como una política temporal, pero, prórrogas y recurrentes normativas mediante, persisten en el tiempo. Desde hace años son la vía para la mayor parte de las altas de beneficios. También es persistente el problema que las originó, que deriva en un desafío gigantesco: lograr que más personas aporten y que el empleo que se genere no sea informal, precario, o con aportes bajos en función de los compromisos de pago que asume el Estado.
Préstamos subsidiados
Las decisiones tomadas en el marco del plan platita con el que Massa buscó votos dejan efectos negativos para el valor del fondo de garantía del sistema previsional (FGS) que gestiona la Anses. Una medida reciente fue la ampliación de la política de créditos subsidiados con recursos de ese origen. La última modificación habilitó préstamos a una tasa nominal anual de 50% (la inflación anual a octubre fue de 142%) para trabajadores con salarios de hasta $1.980.000.
Es decir, hay personas que están en el grupo de quienes cobran los ingresos laborales más altos del país y que, al beneficio de no pagar más Ganancias, se les sumó el de acceder a créditos con subsidio y con fondos del régimen jubilatorio.
Una decisión política sobre qué hacer con el FGS, que en su mayor parte está constituido por títulos de deuda del propio Estado, podría estar en la agenda del próximo gobierno.
Por lo pronto, desde La Libertad Avanza no anticipan aún medidas sobre el régimen jubilatorio: “Los daños causados son tan grandes que primero hay que racionalizarlos, y después se puede evaluar pasar a otro modelo. Todos los diseños tienen que preservar derechos adquiridos para que no se conviertan en un problema”, dijo hoy el propio Milei en declaraciones a radio Mitre.
Reclamos judiciales
Un daño causado a los bolsillos en los últimos años podría traer un dolor de cabeza particular para quienes ejercerán la administración del Estado. La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente pronunciarse sobre los reclamos que hubo contra el ajuste a las jubilaciones de 2020, el año en el cual se suspendió la aplicación de la movilidad aprobada en la gestión de Mauricio Macri, para poder, así, concretar un ajuste.
Varios jueces de instancias inferiores, sobre todo del interior del país, le dieron la razón a los jubilados y ordenaron mejoras para los haberes de quienes litigaron. Desde hace un tiempo se espera el pronunciamiento del tribunal supremo que -con la composición de aquel entonces-, falló a favor de los jubilados en 2007 y en 2009, en respuesta a las demandas contra el congelamiento que cientos de miles de prestaciones tuvieron, pese a la inflación, entre 2002 y 2006, y también contra el cálculo deficiente de los haberes iniciales para quienes se jubilaban en aquellos mismos años, cuando Néstor Kirchner era presidente y Sergio Massa, director ejecutivo de la Anses.