Ajuste previsional: políticos vs. jubilados

OPINION: Por SERGIO CRIVELLI
Más allá de la fuerte devaluación, las primeras medidas del nuevo gobierno tienen un impacto moderado en el déficit fiscal. No alcanzan para arreglar el desastre heredado la eliminación de subsecretarías, autos oficiales, aviones o canapés. Por eso el Congreso deberá decidir sobre medidas de fondo como la restitución del impuesto a las ganancias o la actualización de las jubilaciones.

Es un hecho revelador que el gobierno meta en la misma bolsa del recorte a quienes ganan más de 900 mil pesos junto con quienes ganan 90 mil. El criterio que usa se rige por el monto de las partidas que se reducirán, antes que por las diversas situaciones económicas de los ajustados. Por eso reduce el gasto previsional para que otros gastos que son decididos por los políticos no deban correr la misma suerte.

En ninguna economía que funcione se cambian los sistemas previsionales continuamente. Eso ocurre acá porque el presupuesto es un botín para los políticos y cada vez que necesitan recursos asaltan las partidas de gasto social que son las más abultadas. Los que sufren el saqueo son habitualmente los indefensos.

Por esa razón los jubilados han sido la variable de ajuste preferida por los políticos durante los últimos 20 años. Después de quedarse con la caja de las AFJP los Kirchner dieron aumentos discrecionales por decreto. Fue el inicio de la catástrofe: la voluntad del príncipe usada con fines electorales produjo una masacre en los haberes, acható la pirámide de ingresos y generó litigiosidad.

Ante este último problema, la Corte obligó en 2008 a Cristina Kirchner (que vetó una ley del 82% móvil aprobada por el Congreso) a fijar los ajustes por ley. La entonces presidente hizo aprobar por el Congreso una fórmula de ajuste semestral y promovió el otorgamiento de jubilaciones sin aportes que terminaron de reventar el sistema.

Con la llegada de Mauricio Macri la situación varió. Promovió una reparación histórica y una ley de ajuste trimestral determinado en un 70% por la inflación. A pesar de que indexaba los haberes (o tal vez por eso), el peronismo y la izquierda tiraron 17 toneladas de piedras sobre el Congreso cuando se aprobó la norma.

Con la vuelta del kirchnerismo al poder Alberto Fernández suspendió los ajustes por ley y volvió la voluntad del príncipe: ajustes por decreto que en 2020 estuvieron por debajo de la inflación. En 2022 el kirchnerismo votó una nueva ley de actualización (sin que volara un grano de arena) que ajusta 50% por recaudación de la Anses y 50% por variación salarial. Otra catástrofe para los jubilados. Entre abril de 2022 y abril de 2023 el gasto en jubilaciones cayó alrededor de un 10%. Pero el Estado siguió con un déficit creciente, porque los políticos gastaron en otra cosa, ñoquis, por ejemplo. Se estima que durante el mandato de Fernández-Fernández de Kirchner las jubilaciones perdieron cerca del 30% de poder de adquisitivo.

Ahora viene Luis Caputo a proponer el retorno a los aumentos por decreto para que los jubilados “no pierdan” frente a la inflación. La situación es kafkiana. Será interesante ver qué opinan esta vez los legisladores. Como viven del gasto público por el que compiten con los jubilados no parece difícil que faciliten un nuevo ajuste.

El recorte es impulsado esta vez por un gobierno libertario que habla de cumplir los contratos, mientras el que tiene el Estado con quienes pagaron durante décadas los aportes fijados por la ley es violado sistemáticamente por el propio Estado. Por lo demás, si Caputo no quiere que los jubilados pierdan más ingresos, siempre puede mantener la ley de movilidad y cubrir las pérdidas de los beneficiarios por decreto hasta que elimine la inflación.